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Derogación de la ley 25.873En los últimos días hubo una gran polémica por la sanción de la ley 25.873, que estipula que el Estado puede revisar -con el propósito de prevenir delitos- la información intercambiada entre los clientes de las empresas de telecomunicaciones y que éstas deberían almacenar durante diez años.En noviembre de 2003, cuando la norma se discutía en el Congreso, el por entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz reclamó personalmente la sanción de dicha ley de Telecomunicaciones, que dispone el archivo de llamadas telefónicas y mails. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández fue el encargado de transmitir a los medios las instrucciones del presidente Néstor Kirchner, de visita oficial en Alemania, que le indicó difundir la decisión oficial de revisar la cuestionada reglamentación, tras las críticas formuladas desde todos los ámbitos por la vulneración de derechos individuales que supondría su puesta en vigencia. Es comprensible que se instrumenten las medidas correspondientes para evitar delitos y lograr mayor seguridad, pero en un estado de democracia no puede dejarse de lado el derecho a la privacidad de los ciudadanos y pensar además, que dicha medida seguramente serviría para evitar determinados delitos, pero seguramente traería acarreados otros.
Susana Espósito
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