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    La estación Congreso llevará el nombre de Alfonsín

    El jueves 11 de julio, la Legislatura porteña aprobó el proyecto que había sido impulsado por Guillermo Suárez, proponiendo que la estación Congreso, de la línea A, lleve el nombre del ex Presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín.

    Raul AlfonsinEste es un homenaje a quien fue el primer presidente del retorno de la democracia, en 1983, al haberse cumplido el décimo aniversario de su fallecimiento y se eligió para que lleve su nombre a la estación Congreso, por ser el lugar donde ejerció su último cargo público, como senador nacional.

    Hay que recordar que la ley 83/1998, de la Ciudad, prohíbe usar nombres de personas que hayan muerto hace menos de 10 años. Dicha ley establece que: En ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar.

    Sin embargo es bien cierto que cada regla tiene su excepción y es así que por ejemplo, el ex Palacio de Correos, fue inaugurado por la ex presidente Cristina Fernández, con el nombre de su esposo y aún actualmente mantiene el nombre de Centro Cultural "Néstor Kirchner". Otra transgresión de esa gestión, aunque tal vez la que menos nos afecta a los argentinos.

    Ariel Álvarez Palma del partido Vamos Juntos, sostuvo que se trata de “un homenaje merecido y justo”, y recordó al ex mandatario recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, tal como hacía el propio Alfonsín durante la campaña presidencial de 1983.

    El aporte del dirigente radical durante los años de la dictadura con la presentación de habeas corpus en favor de detenidos, su rechazo a la guerra de Malvinas y a la ley de “autoamnistía”, la consolidación democrática y el Juicio a la Juntas, fueron actos destacados por quienes acompañaron la iniciativa.

    Sin embargo, no todos votaron a favor de este homenaje, ya que representantes de los partidos de izquierda, cuestionaron a Alfonsín por su política económica, que en cierta forma hizo que tomara la decisión de renunciar y no finalizar su período presidencial y también por sus acuerdos políticos con el menemismo y por las llamadas “leyes de la impunidad”.

    Myriam Bregman (PTS-FIT) dijo que rechazaba la iniciativa por la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impulsadas luego de los levantamientos militares de la década del 80 y que significaron, en la práctica, el fin de los juicios contra militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

    Leonardo Santoro, de origen radical, respondió a esos cuestionamientos diciendo a quienes rechazaron el proyecto que, “es fácil hablar hoy” sobre cómo se debía reaccionar contra los militares, y les recordó que a mediados de los años 80 los generales aún estaban “al frente de comando con poder de fuego”.

    Antes de llegar a la sanción definitiva, el proyecto fue tratado con anterioridad en comisión, aprobado en primera instancia en el recinto y atravesó una audiencia pública para que la ciudadanía expresara su opinión.


    Susana Espósito - Noticia publicada el: Lunes 15/07/19 - (Cantidad de caracteres: 3064)




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