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Protocolo para el día de la votación

Debido a la gran cantidad de amenazas de bomba en las escuelas, que están sucediendo en los últimos meses y para garantizar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad, el próximo domingo, se ha preparado un protocolo para evitar que se interrumpa el acto electoral.

Así lo indicó el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, quien precisó que el plan será llevado a cabo "por todas las fuerzas de seguridad involucradas en la elección" para que estas acciones "no interrumpan la voluntad de voto" de la ciudadanía. "Vamos a tener un protocolo organizado, para que no se interrumpa el acto electoral. Y, en caso de que ocurra, generaremos las condiciones para que todas las personas de esa escuela, involucradas en la suspensión, voten igual", dijo el funcionario de María Eugenia Vidal a radio Mitre, al detallar la charla que mantuvo con el juez electoral bonaerense Juan Manuel Culotta, a cargo del operativo.

En diálogo con Clarín, Ferrari admitió que en la Provincia hay "preocupación" por la situación, pero advirtió que el protocolo no dependerá del Gobierno sino de la Justicia electoral. "El (por Culotta) está trabajando con la Junta Electoral y con el Comando Electoral -las fuerzas de seguridad- para establecer un protocolo para que todos puedan votar", agregó.

Aunque no dio mayores precisiones respecto a qué medidas contemplaría el plan, Ferrari reveló que se trata "de evitar que se interrumpa el acto electoral" y que "en caso de que haya que hacerlo, se resguarden las urnas y los padrones y se garantice que los que falten votar puedan hacerlo".

Una de las medidas que se adoptaría, en el caso de amenaza de bomba a alguno de los colegios, es que a los votantes afectados que hayan llegado a la escuela antes del cierre de los comicios se les entregue "un cupón que garantice su presencia”, aunque todavía falta que el juez determine qué será lo que harán el domingo.

Al juez Ferrari le llama la atención que las amenazas se concentren en la provincia y en determinados distritos y también le extraña que desde septiembre hasta la fecha hubo casi 3 mil denuncias y nadie repudió los hechos, excepto el oficialismo.

"Esto no es ni gracioso ni simpático, es un delito penado en el artículo 211 del Código Penal. Por eso que tengan mucho cuidado las personas que están siendo identificadas porque vamos a también generar la acción civil de recupero de los daños", advirtió el juez.

En ese sentido, expuso que al Estado "cada amenaza le cuesta 100 mil pesos" y que, por ese motivo, "es el número por el cual se van a hacer los reclamos".

Susana Espósito - Noticia publicada el: Viernes 20/10/17 - (Cantidad de caracteres: 2595)