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Cobrarían un impuesto a los departamentos vacíos

Hace nueves meses entró en vigencia una nueva ley de alquileres que eximió a los inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias y ahora, se presentará un nuevo proyecto de grupos de inquilinos pidiendo que los certificados que se exigen para firmar el contrato sean gratuitos y que la garantía pueda ser un préstamo bancario.

Las propuestas presentadas al Gobierno de la ciudad, para bajar los costos de los alquileres, también incluyen el pedido de cobrar a los dueños de departamentos que estén desocupados y no se alquilan, un impuesto a las viviendas ociosas.

Se trata de uno de los puntos que los inquilinos están discutiendo en una mesa de diálogo que conformó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), de la que también participan el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria, ONG técnicas y la asociación Inquilinos Agrupados. Se vienen reuniendo desde febrero.

El impuesto a la vivienda ociosa se aplicaría a aquellas propiedades que no están habitadas, que no se destinen a alquileres temporarios para turistas y que estén en condiciones de habitabilidad.

"La vivienda ociosa se chequea a través de los servicios, del nivel de consumo. Cuando se demuestra que la propiedad no está en uso, se le aplica un impuesto que va encareciendo su valor mes a mes", detalló Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que impulsa la iniciativa. El dinero que se obtuviera de ese impuesto se usaría para la construcción de viviendas públicas destinadas a alquiler, y no a venta como pasa con los planes actuales.

En el documento que le entregaron al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta el lunes pasado, los integrantes de la mesa de diálogo no se menciona expresamente la creación de un impuesto, pero sí se habla de "estudiar la situación actual de las viviendas ociosas para delinear programas con el objetivo de incorporarlas al mercado inmobiliario".

Muñoz, también remarca la necesidad de crear un Registro Público de contratos de alquiler. "Es central para blanquear el manejo del mercado inmobiliario. Cada vez que se cierra un alquiler el contrato tiene que ingresar en una base donde se puedan chequear las condiciones, y que los obligue a emitir un comprobante de pago válido. Ahora uno abona y te entregan un recibo que lo compran en la librería".

Otro destacado es el sistema de garantía público, un servicio que se ofrecería a través del Banco Ciudad. El inquilino haría un depósito y podría presentar el certificado como garantía. "El objetivo es que pagando una suma equivalente a medio mes de alquiler (ahora te cobran de dos a cuatro meses en entidades bancarias privadas), el Banco Ciudad te ofrezca una garantía y responda en caso de falta de pago", explica Muñoz.

Otro pedido, que muy probablemente sea aceptado, es que la certificación de firmas sea gratuita. Hoy, por un trámite que cuesta alrededor de $ 400 los locatarios terminan abonando cerca de $ 2.000 debido a los costos de gestoría que imponen las inmobiliarias. El trámite se podría empezar a hacer ante funcionarios públicos de la Ciudad, sin costo.

El paquete de propuestas seguirá su curso con la meta de ingresar como proyecto a la Legislatura porteña. También está pendiente la Ley Nacional de Alquileres, que tiene media sanción del Senado y espera aún el tratamiento en Diputados. Su punto más importante es la definición de un método de indexación que impida que los alquileres se disparen muy por encima de la inflación y la suba de salarios.

Susana Espósito - Noticia publicada el: Miércoles 27/06/18 - (Cantidad de caracteres: 3533)