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Reactivación de planes de educación sexual

En medio del debate por la despenalización del aborto y teniendo en cuenta que para no llegar a eso hay que prevenir embarazos no deseados, el Gobierno aumentó los fondos de programas que incluyen la prevención del embarazo adolescente, que en los últimos dos años se habían desfinanciado; eso incluye la distribución de anticonceptivos.

Los embarazos no deseados son la principal causa de abortos en nuestro país y un alto porcentaje de los mismos se da en adolescentes, que generalmente, por desinformación no saben cuál es la manera correcta de cuidarse, tanto de embarazarse como de contraer enfermedades como el SIDA.

En 2016 y en 2017 se subejecutaron las partidas presupuestarias de educación y salud sexual, y se incumplieron las metas de distribución gratuita de anticonceptivos en la población. En 2016 solo se repartió el 10% de los preservativos previstos y apenas el 27% de los tratamientos anticonceptivos planificados. En 2017, esos porcentajes treparon al 75% y al 70%, respectivamente.

Con la instrumentación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), en los primeros tres meses de este año subió un 67% el presupuesto destinado a promover la salud sexual y la procreación responsable.

Este plan, que conjuga los programas ya vigentes de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, es administrado por la ministra Carolina Stanley y contará con un presupuesto de $2000 millones hasta junio de 2020. Así lo informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe al Congreso.

Una encuesta que realizó la Fundación Huésped entre casi 2900 jóvenes de todo el país y que ingresaron a la escuela secundaria desde el año 2000, arrojó como resultado que siete de cada diez estudiantes señalan haber observado experiencias de embarazo en su escuela secundaria. Frente a esa situación lo que predomina es el debate entre los propios estudiantes (45%). Solo el 39% menciona algún abordaje por parte de personal de la institución (docentes y preceptores) y el 38% indica directamente que no se habló del tema.

Además, el 50% de los estudiantes y el 96% de los docentes dicen conocer la ley de educación sexual integral (ESI), pero solo la mitad de los docentes entrevistados recibió formación en capacitaciones proporcionadas por el Estado. El 57% de los docentes indica que buscó información por sus propios medios.

La Fundación Huésped realizó un pedido de acceso a la información al Ministerio de Educación de la Nación: allí se le informó que durante 2016 se capacitaron de manera presencial 200 docentes y hasta agosto de 2017, 1050. Por contraste, en 2015 habían sido 55 mil y en 2014, 28 mil.

El Gobierno espera revertir esta situación con la instrumentación del Plan ENIA, que comenzará a desplegarse este año. Sus objetivos principales son el acceso a la consejería en salud sexual y salud reproductiva en centros de salud y en las escuelas, la educación sexual integral en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos de probada eficacia para evitar un embarazo.

También se prevé el acceso a mecanismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que sufren situaciones de vulnerabilidad social y estén expuestos a situaciones de abuso sexual dentro y fuera de sus familias, así como el acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones previstas por el marco normativo del país.

Susana Espósito - Noticia publicada el: Miércoles 21/03/18 - (Cantidad de caracteres: 3436)
- Fuente: La Nación