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El eterno problema del Riachuelo

Desde hace años, el Riachuelo y su contaminación ha sido un tema a tratar difícil de resolver y actualmente, después de casi un año de estar atravesando la pandemia de Covid-19, los controles ambientales fueron suspendidos y más de 500 mil personas que habitan la zona corren severos riesgos para su salud.

Los análisis de ACUMAR reflejan que el icónico cauce mantuvo sus altos niveles de contaminación. Avances discretos en una zona en la que viven más de 4 millones de personas y 500 mil están en riesgo.

Ese Riachuelo al que arribaron barcos que traían inmigrantes a echar raíces en un país que comenzaba a desarrollarse, poco a poco se fue contaminando con los desechos que los saladeros que se instalaban en sus orillas, arrojaban a sus aguas e incluso, las sustancias para curar los cueros, altamente peligrosas, también influyeron en esa contaminación, que hasta ahora, ningún gobierno pudo o quiso solucionar.

En 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental. Con ese fin, se creó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un paquete de 14 acciones para atender la compleja problemática socioambiental de la cuenca, pero los avances fueron lentos y de acuerdo a datos oficiales de 2020, la contaminación permanece en sus niveles altos y no cumple con los estándares mínimos de calidad ambiental.

Parte de la justificación por la que no se hicieron los controles previstos se basa en las restricciones del aislamiento obligatorio por la pandemia y las familias que viven en los márgenes del Riachuelo corren un severo riesgo.

Las autoridades y técnicos de Acumar, que lidera Martín Sabbatella, tienen como uno de sus objetivos que los cursos de agua sean aptos para realizar actividades recreativas pasivas, algo que ciertamente no debería ser el objetivo más importante y sí lo es la salud de la población que se ve afectada por falta de soluciones que les permitan vivir dignamente.

Los expertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) consideran que existen tres fuentes principales de contaminación en la región: la industrial, la cloacal y la causada por residuos sólidos, entre ellos, los basurales. La combinación de estos factores impacta sobre la calidad de vida de quienes habitan en la cuenca hídrica.

En el área de influencia existen unos 8.000 establecimientos industriales. Durante el último empadronamiento efectuado en 2019, el sistema de autoregistro arrojó 5.266 establecimientos. De ese grupo, unos 1.000 vuelcan allí sus desperdicios.

“Entre ellos, 370 que fueron declarados Agentes Contaminantes (AC) aún conservan esa condición”, precisó Bruno de Alto, director general ambiental de Acumar. Son 805 las fábricas y empresas industriales que emiten sustancias dañinas a la salud, pero no todas vuelcan.

“De los que vuelcan, no todos lo hacen con el mismo volumen de efluentes líquidos ni con el mismo grado de potencial contaminante. Uno de los objetivos estratégicos que hemos fijado es el de controlar de manera automática y en línea a las aproximadamente 80 empresas que son responsables del 90 % del volumen de vuelco”, agregó de Alto.

Los controles del Estado son escasos. Con el recambio de administración a fines de 2019, solo había 30 planes de adecuación ambiental en las 807 plantas con agentes contaminantes. “Durante el 2020 se lograron 2 adecuaciones y que los planes de adecuación en trámite asciendan a 105", señaló Bruno de Alto. “Estamos intimando formalmente, mediante comunicación oficial, a dichas empresas a que lleven a cabo el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los Planes de Adecuación (PA) necesarios para que su actividad no tenga característica de contaminante”, agregó.

A lo largo del aislamiento obligatorio (ASPO), los establecimientos fabriles apenas redujeron su actividad en un período corto de tiempo. Por lo tanto, “los cambios en los cuerpos de agua van a ser la última variable en modificarse frente a cambios en los ecosistemas”, señaló el director general ambiental. Mientras tanto, se firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTI y empresas privadas para instalar equipos automáticos para que midan en tiempo real el caudal y la calidad de los vuelcos de las empresas. La intención también apunta a que los establecimientos implementen, en cooperación con la UTN, un sistema de autocontrol de sus descargas a los efluentes. “La idea es que estén en marcha en 2021", indicaron.

Todo la región carece de instalaciones cloacales adecuadas. Apenas el 50% de la población cuenta con acceso al servicio, lo que impacta junto a la contaminación ambiental, al tener que eliminar de manera informal los desechos urbanos y domiciliarios.

Sin embargo, en 2020 hubo algunos avances en materia de obras en plantas de tratamientos cloacales de Cañuelas, Lanús, Laferrere o en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. La más importante es la mega obra de “Sistema Riachuelo”, que cuenta con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y está prevista su finalización estar finalizada en 2023. El año pasado se concluyeron 1,5 km del “Tramo Transporte” del Emisario Riachuelo o “hinca de risers”, con la instalación de 34 difusores para el tratamiento de los líquidos.

En el acceso al agua potable, los registros son algo mejores, pero se está lejos de lo deseable. “Para que se alcance el 100% de la cobertura, será imprescindible el previo acompañamiento de la urbanización de todos los sectores vulnerables”, indicó Bruno de Alto. Con ese fin, el pasado 21 de diciembre se realizaron relevamientos en barrios sin infraestructura y acceso como Villa Tranquila, Alianza, Isla Maciel, Villa Inflamable y La Saladita.

La ausencia de infraestructura acorde también impacta en la calidad de vida. Acumar mide este indicador en función a cuatro dimensiones (vivienda, educación, salud y entorno). Según el organismo, en el área que involucra a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se registran los valores más altos de calidad de vida, mientras que en La Matanza aparecen los valores más bajos. El factor “entorno” es lo que más se deterioró entre 2016 y 2019, nuevamente en La Matanza, pero también en la Ciudad de Buenos Aires.

La mejoría en la calidad de vida se manifiesta en otro variable, como la medición de la valores de plomo en sangre de la población. En 2020, se detectaron valores menores, con un 13% de disminución de las plombemias en las personas con exposición confirmada.

“La variación depende de las mejoras en las condiciones de vida, así como del cumplimiento de las recomendaciones higiénico dietéticas del equipo especializado en seguimiento de casos con plombemias elevadas oportunamente. Sin embargo, los niveles de plomo no son indicadores que permitan medir directamente la efectividad de las acciones de cuidado en salud”, precisó Maru Dakessian.

Asimismo hay un importante déficit habitacional y un fallo obliga al Estado a realizar 17.771 viviendas para las personas relevadas en ese momento (2008) que estaban en riesgo ambiental. Doce años después de la sentencia, se entregaron 4.932 soluciones habitacionales, y en 2020, apenas 356. Mientras tanto, más familias pudieron haberse radicado en cuenca Matanza-Riachuelo, por lo que la cifra inicial no sea suficiente para resolver la problemática. Pero tampoco existe una expectativa de que se vaya a cumplir rápidamente la manda judicial.

“Es sabido que estos números duros son metas establecidas sobre un proceso absolutamente dinámico como es la dinámica poblacional”, planteó María Laura Rey, directora de Ordenamiento Territorial de Acumar. “El plan de reactivación que se está llevando a cabo a nivel nacional prevé la reactivación de cerca de 2000 soluciones habitacionales que se encontraban en situación de paralización desde el año 2016", concluyó.

Susana Espósito - Noticia publicada el: Lunes 08/02/21 - (Cantidad de caracteres: 7910)