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    Traspaso del Servicio Penitenciario
    y problemas por falta de cárceles

    El pasado jueves 14 de noviembre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich se reunió con el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y acordaron el traspaso del Servicio Penitenciario. De esta manera, la Ciudad comenzará a hacerse responsable del cuidado de los detenidos en su territorio. A partir de ese acuerdo se comenzará a trabajar en los detalles para terminar lo acordado.

    La reunión se realizó en la sede de la cartera liderada por Bullrich, en Gelly y Obes, y allí se sentaron las bases para “comenzar a trabajar en las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de CABA, en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad”. Así fue informado a través de un comunicado de prensa.

    Allí también participaron junto a Bullrich, el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Por su parte, estuvieron con Macri el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny; y los Ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

    “Hoy nos reunimos con Patricia Bullrich para trabajar en el traspaso del sistema penitenciario. Seguimos avanzando en consolidar la autonomía de la Ciudad. Con esta transferencia vamos a tener a cargo a quienes delinquen en nuestra jurisdicción. Nos unen el orden y la decisión de trabajar en equipo para garantizarle seguridad a quienes viven y transitan en la Ciudad”, publicó luego en sus redes sociales el jefe de Gobierno porteño.

    A lo largo de este año, una serie de fugas de presos de las cárceles porteñas avivó un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el porteño. En CABA, hay más de 2.000 presos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Esas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, ya que son espacios destinados al alojamiento transitorio por un máximo de 72 horas, así como tampoco con medidas de seguridad adecuadas.

    Luego de varios escapes que se dieron con poco tiempo de diferencia, desde el Gobierno de la Ciudad reclamaron que esos presos deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, le había manifestado en ese momento el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.

    “La Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto los juzga la Justicia nacional. Por ende, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme, ya están condenados”, habían destacado desde el Ministerio de Seguridad porteño.

    Con la firma de este traspaso, la Policía de la Ciudad además podrá liberar personal que podrá enviar a patrullar las calles, en lugar de ejercer como carceleros en las comisarías porteñas, por ejemplo.

    Desde Nación, ante esta superpoblación de presos en CABA, resaltaban que la Ciudad aún no construyó la cárcel en Marcos Paz a la que se había comprometido por un convenio firmado en 2018 con la Nación, para trasladar allí a los detenidos de su distrito.

    La firma del acuerdo parece ponerle fin a disputas que hubo durante el 2024 por la superpoblación de presos en comisarías porteñas.

    “El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy (a los detenidos en comisarías porteñas) a una cárcel, porque no tenemos a dónde llevarlos. Tenemos que buscar con la Ciudad lugares alternativos para el stock de 2.000 presos que hoy son una cárcel completa. Y nosotros vamos ocupándonos del flujo, es decir de los 100 presos que por semana entran a las cárceles federales. Ellos tienen que terminar de construir una cárcel que está al 70% en Marcos Paz”, argumentó hace unos meses la ministra Bullrich en declaraciones a los medios, en una disputa solapada con las autoridades porteñas.

    Siendo uno de los problemas la falta de cárceles para ubicar a los presos, ¿por qué tuvieron tanta prisa en demoler la cárcel de Caseros que podría ser utilizada para albergar presos hasta la construcción de una más adecuada, como la de Marcos Paz?

    Las dos torres demolidas de la cárcel de Caseros se habían inaugurado en abril de 1979, en plena dictadura, como Unidad 1 Caseros Nueva, cárcel de encausados.

    Carcel de CaserosEran 2 torres de 22 pisos cada una, ocupaban un total de 85 mil metros cuadrados, 2096 celdas individuales. En los pisos 3 y 4 estaban los presos de buena conducta y en los pisos 5 y 6, los presos primarios, los que habían cometido su primer delito. Sobre esos pisos se ubicaba a los presos más peligrosos y en los más altos, había 140 buzones de aislamiento o castigo, de tan solo 1.20 m de ancho, cerrados por una puerta blindada, 14 ascensores, 2 subsuelos, 16 patios de recreo, 20 talleres de trabajo, un hospital, dos gimnasios, un cine, una capilla y aulas. Se la promocionaba como una réplica de Alcatraz o como un Hotel 5 estrellas para regeneración de encausados.

    Para el año 2000 quedaban solo 430 presos, que fueron trasladados a Ezeiza y a Marcos Paz, mientras que los que tenían problemas de salud mental, al Borda y al Moyano. El 9 de agosto del 2000, Carlos Luzuk que fue el último director de la Cárcel, le entregó las llaves a Patricia Bullrich, en ese entonces, Secretaria de política criminal del Gobierno de Fernando De la Rua.

    En 2003, las dos torres se iban a dinamitar, pero hubo resistencia de los vecinos por temor a que afectara la estabilidad de sus viviendas y por eso, en 2007 se comenzó la demolición pero a pico y pala.

    Las decisiones apresuradas no siempre son buenas.


    Susana Espósito - Noticia publicada el: Lunes 18/11/24 - (Cantidad de caracteres: 6184)




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